Un verdadero paso hacia una administración más electrónica

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La legislación devuelve tasas y opta por la gobernanza electrónica. Esta es la meta Ley de Procedimiento Administrativo General de la Administración Pública (LPAC)… La ordenanza entró en vigor el 3 de octubre, aunque se publicó en el Boletín Oficial (BOE) un año antes, y sus objetivos más inmediatos son simplificar las notificaciones, reducir los obstáculos burocráticos para los ciudadanos y reducir los costos de gestión.

En este nuevo trámite, el certificado digital se vuelve imprescindible. De hecho, los ciudadanos que deseen comunicarse electrónicamente con la Administración deberán disponer de uno de los certificados electrónicos emitidos. CERES o con otro sistema de firma digital similar como DNI electrónico.

La nueva ley, entre otras cosas, permitirá a los ciudadanos recibir notificaciones electrónicas de forma mucho más rápida y eficaz que la que se ha aplicado hasta ahora. Así, la Administración deberá comunicar al interesado en cada caso asuntos como multas o reclamaciones, por ejemplo mediante dispositivos o medios electrónicos como el correo electrónico o el teléfono móvil.

Además, los ciudadanos – personas físicas o jurídicas – también pueden realizar diversos trámites con la propia Administración. Si bien es posible que algunos de estos ya se hayan completado con un certificado digital, los más notables que se pueden cumplir desde que entró en vigencia la LPAC son el pago de impuestos, el alta o el despido de trabajadores con la seguridad social. , una solicitud de licencia comercial o urbanística, una solicitud de subvención o la presentación de declaraciones responsables para el inicio de una actividad económica.

Derecho y deber

Entre las novedades que introduce la nueva normativa se encuentra la obligación de utilizar o no un sistema de notificación electrónica y por tanto disponer de un sistema de firma digital como el certificado CERES.

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En este sentido, cabe señalar que una norma puede ser un derecho en unos casos o una obligación en otros.

Las personas físicas tienen derecho a comunicarse con la Administración por medios electrónicos o de la misma forma que lo han hecho hasta el momento. En este caso, los ciudadanos pueden cambiar el sistema de notificación seleccionado en cualquier momento.

No obstante, LPAC requiere que las personas jurídicas, personas no constituidas en sociedad, notarios y registradores de la propiedad y registradores comerciales o personas que representen a cualquiera de los anteriores se comuniquen con la Administración por medios electrónicos.

En ambos casos, las entidades que deseen u estén obligadas a establecer este tipo de relación con distintas administraciones deberán registrarse en el sistema de notificación que se emplee a tal efecto, que se encuentra colgado a continuación. espacio web

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Mensajes a la Administración

La nueva ley también hace obligatorios otros temas más específicos como, por ejemplo, el tipo de mensajes que los interesados ​​deben enviar a la administración pública mediante un sistema de firma digital como un certificado electrónico.

Estos avisos incluyen la formulación de solicitudes, la presentación de declaraciones de responsabilidad, la presentación de apelaciones, la revocación de acciones y las exenciones de responsabilidad.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las partes interesadas. A partir de ahora, la Administración también debe cumplir con ciertos requisitos.

Entre ellos, destaca la necesidad de contar con un registro electrónico que permita a los ciudadanos presentar documentos las 24 horas del día, los 365 días del año. En los casos en que el documento se presente en un día no laborable, su entrada se calculará en la primera hora del siguiente día laborable.

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Otros elementos nuevos

La Ley de Procedimiento Administrativo General de las Administraciones Públicas también introduce una serie de novedades que redundan en beneficios tanto para los ciudadanos como para las propias administraciones.

Una de las innovaciones más importantes en este sentido es el derecho de las personas físicas y jurídicas que deben comunicarse con la Administración por vía electrónica, a no volver a presentar la documentación que ya está en manos de diversas autoridades administrativas.

Por otro lado, los documentos que hayan sido emitidos por otras administraciones, como certificados de registro, o documentos originales como títulos avanzados, no serán necesarios para su tramitación electrónica.

Finalmente, se puede observar otro problema que beneficia a los ciudadanos a la hora de calcular los plazos administrativos. A partir de ahora, el sábado ya no se considera día laborable.

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